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El jefe de gabinete de Díaz Ayuso fue el primero en revelar conversaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso a través de un mail remitido a El Mundo y otros medios para acusar en falso a los jefes de la Fiscalía de impedir el acuerdo con González Amador
Rodríguez envió el mail con la información manipulada el 13 de marzo y horas después de su publicación la Cadena Ser difundió el correo de la confesión que lo desmontaba y por el que se ha imputado al fiscal
El correo de la confesión de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, en el que admitía dos delitos fiscales, y por cuya difusión ha sido imputado el fiscal general del Estado, no fue la primera comunicación entre los abogados del comisionista y el ministerio público que apareció publicada en la prensa. Horas antes de que la Cadena Ser difundiese el email que evidenciaba que el acuerdo de conformidad había partido de la defensa de González Amador, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, remitió mensajes desde su teléfono personal a distintos medios con otro de los correos que intercambiaron el fiscal del caso, Julián Salto, y la defensa del comisionista. Rodríguez remitió el mensaje primero a un periodista El Mundo y después lo reenvió a través de WhatsApp a otros medios de comunicación como Libertad Digital, El Debate y Vozpópuli.
El texto remitido por el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña la noche del 13 de marzo, un día después de que elDiario.es destapase el fraude fiscal de González Amador, se encabeza así: “Mirad la realidad del email que recibe el abogado del señor González”. A continuación, Rodríguez pasa a reproducir el email que el fiscal del caso Julián Salto remitió el 12 de marzo de 2024 a la defensa de González Amador. Y finalmente Rodríguez trata de hacer ver que es el fiscal del caso el que propuso un acuerdo de conformidad a la defensa del comisionista y que es el propio fiscal el que retira el acuerdo por “órdenes de arriba”. “Todo sucio”, acaba el mensaje de Rodríguez.
El primer medio en publicar ese mensaje sin contrastar es el diario El Mundo, que en su primera información titula: ‘La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales’. En el subtítulo de aquella primera noticia decía: “Lanzó su propuesta a Alberto González dos horas después de que estallase el caso”.
Se trata de una información falsa, que ocultaba que el ofrecimiento del acuerdo para declararse culpable lo había remitido la defensa de la pareja de Ayuso al fiscal y no al revés. Y que lo había hecho el 2 de febrero de 2014, cinco semanas antes de la publicación de elDiario.es, no dos horas después.
Nada más publicarse esa noticia, Miguel Ángel Rodríguez publicó un tuit culpando a la cúpula de la Fiscalía de frenar ese acuerdo.
Otros diarios como Libertad Digital, El Debate y Vozpópuli incluyeron en el titular no solo que el acuerdo había partido del fiscal sino también que se había retirado “por órdenes de arriba”, tal y como les había hecho llegar el jefe de Gabinete de Ayuso y sin ningún contraste.
Todas esas informaciones falsas fueron las que motivaron una nota de prensa de la Fiscalía que, tras recabar toda la información, detalló la cronología del caso con las fechas y los pasos que ha ido dando el Ministerio Público. A raíz de ese comunicado, la pareja de Ayuso y el Colegio de Abogados de Madrid presentaron sendas denuncias por revelación de secretos. Defendían que el relato de hechos que publicitó el Ministerio Público suponía un perjuicio para el derecho de defensa, una tesis que hizo suya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigase al fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien desde el principio se hizo responsable del comunicado de prensa.
El Supremo abrió una investigación contra el fiscal general este miércoles, pero no por la nota de prensa, sino para investigar si fue el fiscal general del Estado quien filtró el correo electrónico en el que González Amador asumía su culpabilidad y que publicó la madrugada del 13 de marzo primero la Cadena Ser y, después, otros medios, incluido elDiario.es.
El correo se reenvió el 2 de febrero de 2024, cinco semanas antes de la primera publicación de elDiario.es, a una dirección genérica de la Fiscalía de Madrid a la que tienen acceso 18 personas, 14 fiscales y cuatro funcionarios. Los abogados de la pareja de Ayuso trataban de buscar una conformidad pactando una condena de ocho meses y el pago de los 350.000 euros defraudados más la multa y los intereses, a cambio de que la pena no conllevase la entrada en prisión y evitar un juicio por el que desfilasen peritos, testaferros y técnicos de Hacienda.
Ese correo fue el que abrió la negociación entre los abogados de González Amador y el fiscal del caso, pero no el primero que se publicó en los medios. La primera comunicación que salió a la luz fue la respuesta del fiscal del caso a ese ofrecimiento que El Mundo, Miguel Ángel Rodríguez y otros medios a los que lo filtró presentaron como la prueba de que la Fiscalía estaba proponiendo un pacto a la pareja de Ayuso solo dos horas después de que elDiario.es destapase su fraude. Un dato falso.
En la prensa conservadora el bulo tuvo distintos grados. El primer medio en publicarlo, El Mundo, solo dio por hecho, como hizo Miguel Ángel Rodríguez, que la oferta había partido de la Fiscalía. Libertad Digital, El Debate y Vozpópuli fueron más allá y asumieron también el relato del jefe de Gabinete de Ayuso que afirmaba que el pacto fue frenado por “órdenes de arriba”.
Unas instrucciones que no existieron, según las fuentes consultadas por elDiario.es, que recuerdan que el Ministerio Público y González Amador han llegado ya a un acuerdo para que la pareja de Ayuso asuma dos delitos de fraude fiscal, uno de falsedad documental y la consabida pena de cárcel, además del pago de la multa. Ese acuerdo no pudo ratificarse de momento ante el juez porque las acusaciones populares ejercidas por Más Madrid y PSOE han pedido que se amplíe la investigación a la pareja de Ayuso por otros delitos relacionados con sus vínculos con el grupo sanitario Quirón, uno de los principales contratistas de la Comunidad de Madrid y cuyo directivo Fernando Camino fue clave en la comisión de dos millones que cobró González Amador por vender mascarillas.
De no ser por esa ampliación de delitos que proponen PSOE y Más Madrid, la condena por esos tres delitos estaría ya ratificada en el juzgado. Pese a ello, el filtrador del primer correo y promotor de la información falsa, Miguel Ángel Rodríguez, ha insistido en su bulo este mismo jueves, tras admitir que él mismo filtró el correo.
A diferencia del fiscal general del Estado, el jefe de Gabinete de Ayuso no se encuentra investigado, puesto que nadie lo ha denunciado por revelación de secretos. El único perjudicado con capacidad de hacerlo, además de la pareja de Ayuso, es el fiscal del caso, cuyo correo difundió y manipuló la ‘mano derecha’ de Díaz Ayuso.
Fuente: José Precedo en eldiario.es
Fuente: contrainformacion.es
La historia de un bulo: Miguel Ángel Rodríguez y la estrategia para proteger a Ayuso
¿Qué poder tiene realmente la justicia en España cuando el máximo responsable de la Fiscalía está siendo investigado por la revelación de secretos?
El caso que envuelve a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es una muestra clara de hasta dónde llegan las conexiones entre el poder político y el aparato judicial en este país. En este caso, nos encontramos ante una revelación de correos que no solo pone en tela de juicio la actuación del fiscal general, sino que también evidencia cómo las maniobras políticas buscan desviar la atención de los auténticos problemas estructurales de la justicia en España. Todo comenzó con una filtración interesada desde el entorno de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que terminó salpicando a las más altas instancias judiciales.
El fiscal general se enfrenta a una causa histórica por revelación de secretos, algo sin precedentes en España. Esta imputación es el resultado de un bulo propagado a través del móvil de Rodríguez, el cual dio inicio a un escándalo que ahora ha alcanzado la cúpula de la Fiscalía. Pero, ¿de qué va realmente todo esto? De distracción, de manipulación y, sobre todo, de mantener a salvo los intereses de quienes se benefician del sistema, mientras las y los ciudadanos continúan soportando los estragos de un Estado cada vez más capturado por los poderes económicos.
EL ORIGEN DEL BULO: CÓMO LA MANO DERECHA DE AYUSO INICIÓ TODO
El nombre de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, no es nuevo en las tácticas sucias de comunicación política. Fue desde su móvil que partió la información distorsionada que alimentó a medios afines al gobierno autonómico, con el único objetivo de crear una cortina de humo en torno al caso de corrupción fiscal que involucraba a la pareja de Díaz Ayuso. Alberto González Amador había sido denunciado por la Fiscalía por defraudar más de 350.000 euros a través de un entramado de facturas falsas en plena pandemia.
El relato de Rodríguez fue sencillo, pero efectivo: filtró un correo amputado que sugería que el fiscal había ofrecido un pacto a González Amador para que el caso se resolviera sin juicio. Los medios afines recogieron la historia y la amplificaron. Así, el debate pasó de un escándalo de fraude fiscal a una supuesta conspiración judicial contra la pareja de la presidenta madrileña. La manipulación estaba servida, y las consecuencias no tardaron en llegar.
Mientras tanto, la realidad era otra. Las conversaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto existieron, sí, pero fue el propio empresario quien intentó negociar un pacto antes de lo habitual en este tipo de procesos. Y aunque el fiscal aceptó la posibilidad, nunca hubo órdenes “de arriba” que frenaran un acuerdo, como sugirieron los medios conservadores. La versión oficial, que Rodríguez y Ayuso se encargaron de difundir, era pura ficción, una más de las que acostumbran a usar para tapar la corrupción que afecta a su entorno.
LA JUSTICIA: ¿UNA SIMPLE HERRAMIENTA AL SERVICIO DEL PODER?
El Tribunal Supremo ha dado un paso al frente al aceptar investigar al fiscal general. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta qué punto el sistema judicial está dispuesto a enfrentarse a los intereses políticos? Esta causa, que ahora examina la actuación del fiscal, es un ejemplo de cómo las estructuras del Estado de derecho pueden ser utilizadas como un arma para proteger a los poderosos. En lugar de investigar el origen del bulo y la implicación de Rodríguez, la atención ha sido desviada hacia una posible filtración de correos por parte de la Fiscalía, alimentando la narrativa que desde el entorno de Ayuso se ha vendido desde el inicio.
No olvidemos el contexto. Estamos ante un país donde los recursos de la justicia se han utilizado, en demasiadas ocasiones, para proteger a quienes se enriquecen a costa de la ciudadanía. Casos como la trama Gürtel, Púnica o Lezo nos han dejado claro que el entramado de corrupción en España es profundo y estructural, y que las conexiones entre políticos y jueces son a menudo la clave para el mantenimiento del status quo.
En este caso, es difícil no percibir el doble rasero. Mientras el empresario defraudador parece estar más preocupado por limpiar su imagen que por enfrentar las consecuencias legales de sus actos, el foco de la investigación se ha desplazado hacia el fiscal general, quien ha sido señalado por hacer lo que cualquier servidor público debería hacer: defender la verdad frente a los bulos. Sin embargo, el hecho de que la justicia haya decidido investigar al fiscal es un reflejo más de cómo el poder político y económico ha logrado socavar una vez más la credibilidad de las instituciones.
La estrategia de Ayuso y su equipo es clara: usar a los medios afines para controlar la narrativa y desviar la atención. Mientras tanto, el verdadero problema sigue sin resolverse: la impunidad de quienes, desde las esferas del poder, actúan por encima de la ley, mientras las y los ciudadanos continúan pagando las consecuencias de un sistema que no les protege.
La historia de este bulo es solo una pieza más en un rompecabezas mucho más amplio, en el que el dinero y las conexiones políticas dictan quién es investigado y quién no. Un país donde quienes deberían rendir cuentas utilizan todos los recursos a su disposición para blindarse. Este escándalo no es más que el último episodio de una larga serie de abusos que han dejado claro que la justicia, en España, no es igual para todas y todos.
Fuente: contrainformacion.es
Lee artículo completo: La primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez: correos a varios medios antes del desmentido de la Fiscalía en Carabanchel net @carabanchelnet